jueves, 22 de abril de 2010

MODELO DE RECURSO DE CASACION CIVIL

SECRETARIO: Chávez.
EXPEDIENTE: 08825-2004.
CUADERNO: Principal.
ESCRITO:
SUMILLA: Interpone Recurso de Casación.


SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA CIVIL DE AREQUIPA:

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SALAS, en autos sobre Ejecución de Garantía que sigo en contra de Juan Roque Murillo Rodríguez y otra, a Usted respetuosamente digo:


Que de conformidad con el Art. 384 y siguientes del Código Procesal Civil, y sus modificatorias según la Ley 29364, interpongo Recurso de Casación:

I.- PETITORIO.-
Que Interpongo Recurso de Casación en contra de la Resolución Nro. 73 (ONCE-1SC), de fecha 19 de noviembre del 2009, y que me fue notificada el día 01 de diciembre del 2009. A efectos de que la Suprema Corte Anule y Revoque la parte resolutiva de este Auto, en su totalidad, misma que confirma la Resolución Nro. 56 de primera instancia, su fecha 7 de enero del 2009, es decir que resuelve adjudicar y transferir a favor de la Municipalidad Distrital de José Luís Bustamante y Rivero, el bien inmueble objeto del litigio.
Las Causales de la presente Casación se sustentan en la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, y que son:

A.- Que la Resolución impugnada infringe el Principio de Legalidad de la Administración Pública al justificar la adquisición de bienes inmuebles por una entidad municipal a través de un remate judicial.

B.- Que la Resolución impugnada contraviene el Artículo 720 Inc. 3 y el Artículo 729 del Código Procesal Civil al negar la posibilidad de efectuarse una Nueva Tasación Comercial Actualizada del bien inmueble objeto del litigio, tasación que en el caso de autos está muy desactualizada, puesto que la que se hizo data de hace ¡15 años! Atrás. Tasación que debe incluso ordenarse de oficio por el juzgador al advertir una evidente desactualización de valuación.

II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACION.-

PRIMERO.- Que el Colegiado que Usted preside emitió el Auto Nro. 73 (ONCE-1SC), su fecha 19 de noviembre del 2009, el mismo que pone fin al proceso, por lo que en este aspecto se cumple con este requisito de admisibilidad, ello de conformidad con el Art. 387 Inc. 1 del Código Procesal Civil. De otra parte el recurrente no ha consentido previamente la resolución adversa de primera instancia.

SEGUNDO.- Que la resolución impugnada confirma la Resolución 056 expedido por el A-Quo, y en consecuencia resuelve adjudicar y transferir a la Municipalidad Distrital de José Luís Bustamante y Rivero el bien inmueble objeto del litigio, siendo que sólo se refiere a este punto, pues en lo relativo al pedido de Nueva Tasación Comercial Actualizada no se pronuncia en absoluto, cuando sí debía hacerlo, puesto que en el segundo considerando se hace mención a ello, por lo que esta resolución tiene incongruencia entre la parte considerativa y la parte resolutiva, y esta circunstancia hace que esta resolución infringe el Derecho Constitucional del Debido Proceso.

TERCERO.- Que el recurrente había solicitado que se anule la adjudicación y transferencia que se dispuso por el A-Quo al ser el postor una entidad del Sector Público, parte de la Administración Pública y sujeto a las disposiciones del Derecho Administrativo; en efecto, el postor que se adjudicó la buena pro es la Municipalidad Distrital de José Luís Bustamante y Rivero, que actuando como si fuera un traficante de terrenos creyó que era la oportunidad para hacerse con un predio a precio ganga, tanto es así que el Acuerdo Municipal 094-2008-MDJL-B y R. hace referencia a la “VENTAJOSA POSIBILIDAD”. De otra parte este Acuerdo Municipal se llevó a cabo sin respetar su propio TUPA, al haber aprobado la adquisición del inmueble sin haberse programado dicha adquisición en el presupuesto participativo para el 2008 del municipio, y esto lo demuestro con la publicación de las obras aprobadas en el presupuesto del municipio correspondientes para el año 2008, y publicado en el Diario El Peruano, su fecha 10 de diciembre del 2007, página 359532, y además lo corroboro con los documentos administrativos diligenciado tanto a la Región Arequipa, Oficio 487-2008-GRA/OPI de fecha 10 de junio del 2008 en donde se señala textualmente que el GRA no ha elaborado estudio ni tampoco existe convenio con la municipalidad J.L. Bustamante y R. para la realización del estudio u obra en dicho sector. Asimismo el Oficio 405-2008-SG-MDJLBYR de fecha 27 de agosto del 2008, en donde se señala textualmente que no se ha elaborado hasta la fecha , por cuanto aún no se tiene la aprobación del perfil SNIP, por el organismo competente.
No es el procedimiento que debe seguir una entidad que se enmarca en la Administración Pública, puesto que existe el trámite de la expropiación, que tiene reglas y procedimientos claros; una Municipalidad no puede adquirir bienes inmuebles a través de remates judiciales, no lo dispone expresamente algún dispositivo jurídico con rango de ley. Uno de los principios fundamentales del Derecho Administrativo es el Principio de Legalidad(1), y que se podría decir inclusive que es la Regla de Oro de todo el Derecho Público, puesto que además de garantizar la seguridad jurídica, señala a los administrados los límites del poder. Así pues, al particular le está permitido hacer todo aquello que la ley no prohíbe, en cambio la autoridad administrativa sólo puede hacer lo que la ley autoriza. La Administración Pública no puede actuar sin cobertura legal.
En el caso de autos, el Colegiado pretende amparar la adquisición por parte de la Municipalidad de J.L. Bustamante y R. basándose en que supuestamente el Art. 1366 del Código Civil no prohíbe que una municipalidad pueda adquirir bienes en subasta pública, pero da la casualidad que este artículo se refiere a las personas naturales prohibidas de adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta, tanto es así que el siguiente artículo amplía las prohibiciones a los parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad. Y obviamente las personas jurídicas no tienen parientes, En consecuencia este dispositivo no puede traerse a colación para justificar un remate judicial que no está amparado en la ley o norma de rango de ley. De otra parte, si bien es cierto que el Art. 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 concluye que son bienes de propiedad municipal todos los demás que adquiera cada municipalidad, esto no puede constituir un aval para que se adquiera bienes a través de remates judiciales, puesto que por mandato del Principio de Legalidad la norma tiene que ser expresa, y tiene que ser norma con rango de ley. Se podría decir que existe un vacío de ley en este punto, pero que no se puede llenar por analogías y otras interpretaciones antojadizas.

CUARTO.- En lo relativo al pedido de Nueva Tasación Comercial Actualizada, como he hecho mención, el Colegiado sí se ha referido en el segundo considerando, pero no resuelve nada en la parte resolutiva, lo que expresa que existe una incongruencia entre parte considerativa y parte resolutiva del Auto.
Pero este pedido no es descabellado ni mucho menos, se basa en el Art. 720 Inc. 3 del CPC que precisa que “si el bien fuere inmueble, debe presentarse documento que contenga tasación comercial actualizada…”, y en el Art. 729 que prescribe que “…sin embargo, el juez puede, de oficio o a petición de parte, ordenar la tasación si considera que el valor convenido está desactualizado…”. Es decir que no se puede rematar un inmueble con tasación desactualizada, y en el caso de autos la tasación se llevó a efecto en el año ¡1995!, o sea hace ¡15! (QUINCE AÑOS ATRÁS).
Una tasación muy por debajo del precio real, pone en una situación de desventaja a la parte ejecutada, desventaja que está reñida con el Principio de Socialización del Proceso, establecido en el Artículo Sexto del Título Preliminar del Código Procesal Civil(2), principio rige todo el ordenamiento procesal, y que significa que el Juez debe evitar todo tipo de desigualdad, y en el caso de autos se me discrimina por condición económica. Además de concretarse el remate judicial se estaría cometiendo ABUSO DEL DERECHO, que la Constitución en su Art. 103 lo prescribe expresamente y el Código Civil lo ratifica en su Título Preliminar.
A título ilustrativo la misma Suprema Corte ha emitido un sinfín de casaciones que demuestran lo correcto de nuestra interpretación, verbigracia las Ejecutorias casatoriales (CAS) Nro. 2632-2002-Arequipa, y la Nro. 942-2002-Chimbote, que ratifican los criterios legales que sostenemos, adjuntando copias de ellas.
Finalmente cabe insistir que la propia Constitución en su Art. 70 establece la inviolabilidad de la propiedad privada, sólo afectable por la vía de la expropiación y previo pago de la indemnización de acuerdo con justo precio que incluye los perjuicios. En este caso el Concejo mencionado en concierto con el demandante y contando con la lenidad del juzgado, festinó el trámite expropiatorio que debió observar consagrando un Abuso del Derecho y violación de la Carta Magna.

QUINTO.- Que con fecha 12 de mayo del 2009, el Congreso de la República modificó artículos del CPC referentes a la figura jurídica de la Casación, entre ellos sus fines y trámite, en este sentido ha incorporado la finalidad DIKELOGICA, que significa que la Corte de Casación, de ahora en adelante deberá atender que el juzgador aplique adecuadamente el derecho objetivo al caso concreto.
A este respecto, debo decir que la Municipalidad Distrital del J.L. Bustamante y R. quiere adquirir el bien inmueble objeto del litigio a razón de 50 dólares el metro cuadrado, cuando adquirió en este año 2009 el metro cuadrado a razón de 154 dólares a través de Escritura Pública Nro. 296-2009, de Ernestina Salas Viuda de Alarcón, vecina y colindante de la codemandada Sara Salas Viuda de Rodríguez, lo que demuestra que el A-Quo y el Colegiado no están juzgando con justicia y equidad la valorización por metro cuadrado en la misma manzana dichos predios.

POR LO EXPUESTO.-

Ruego a Usted concederme el Recurso de Casación.

ANEXOS.-
1.- Pago de Arancel Judicial por Recurso de Casación.
2.- Copia de Publicación del Presupuesto para el 2008 de la Municipalidad Distrital de J.L. Bustamante y R.
3.- Copia del Oficio 487-2008-GRA/OPI.
4.- Copia del Oficio 405-2008-MDJLBYR.
5.- Copia de la Casación 2632-2002-Arequipa.
6.- Copia de la Casación 942-2002-Chimbote.
7.- Copia de Escritura Publica de Ernestina Salas Nº 0296-2009
8.- Copia de la Resolución 73 (ONCE-1SC)
9.- Copia de la Resolución 56.
10.- Copia de la Resolución 44.

OTROSI.- Como el presente caso tiene gran relevancia jurídica, es que solicito, al margen de que mi recurso sea o no tramitado, que mi caso sea visto como de procedencia excepcional, de conformidad con el Art. 392-A del Código Procesal Civil, que fue incorporado por la Ley 29364. La misma que contempla la figura jurídica del Certiorari.

Arequipa, 16 de diciembre del 2009.


…………………………………
Miguel Angel Rodríguez Salas.

(1) El maestro Alberto Ruiz-Eldredge Rivera dice al respecto: “Para el Derecho Administrativo y el Derecho Público en general, debe considerarse, en primer término dos principios esenciales: el del Interés Público y el de Legalidad” en Manual de Derecho Administrativo, Cultural Cuzco, Lima, P.52. En este mismo sentido José Bartra Cavero dice que: “Este principio –se refiere al de Legalidad-enuncia que la Administración actuará siempre ciñéndose estrictamente a la norma legal, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico, a todo el bloque de legalidad”, en Procedimientos Administrativos, P.69.
(2) Artículo VI.- Principio de Socialización del Proceso.- El Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica afecte el desarrollo y resultado del proceso.

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